Hace un par de semanas el presidente Ollanta Humala comentó que alguna vez el Perú se encontraba en un extremo en el cual el Estado se metía en todo.  Y sugirió que nos habíamos ido al otro extremo y que debíamos aspirar a un punto medio.  Y si bien con ese mensaje calmó a muchos que temían un retorno a un Estado proteccionista e intervencionista, cabe preguntarse si efectivamente nos encontramos en el otro extremo, ése en el que todo se decide en el mercado y el Estado no nos quita el derecho a elegir por nuestra cuenta.

Basta ver, por ejemplo, que el Estado mantiene aún más de treinta empresas públicas que participan directamente de distintos mercados, muchas de las cuales ya no tienen justificación económica.  Pero peor aún son algunas normas recientes que han sido propuestas por nuestro impredecible Congreso y que luego son aprobadas por el Ejecutivo sin mayor preocupación por la pérdida de eficiencia social que traen.

Por ejemplo, hace poco se decidió que los colegios no podrían tomar evaluaciones para el ingreso, con lo cual se interfería en la manera como una oferta limitada se adapta a una demanda creciente y se le priva al padre de familia de la decisión de si quiere que su hijo pase por esa experiencia supuestamente traumática o no.  Otras joyitas incluirían la subasta de las AFP que obligan a las nuevas generaciones a ingresar a una AFP que ha sido elegida por ellos o la recientemente aprobada ley que pretende decidir por nosotros lo que nuestros hijos pueden o no comer.

En este proceso de limitación de los derechos de los ciudadanos uno de los campeones es, sin lugar a dudas, el congresista Jaime Delgado.  Orgulloso promotor de la ley de AFP que no gusta ni a afiliados ni a las AFP mismas (¿para quién fue hecha esa ley, entonces?) y de la ley de comida chatarra que ha generado una ola de incertidumbre entre los publicistas, ninguno de los cuales entiende ahora qué se puede mostrar y qué no en las propagandas.

Su nueva travesura es una ley que pretende intervenir en la manera como las entidades financieras renegocian las deudas con sus deudores, ante casos extraordinarios de insolvencia.  Esto, que ya se encuentra regulado por la SBS (institución con muchísima más credibilidad que el Congreso) y que ya funciona sin mayores quejas o escándalos recogidos (aunque no niego que puede haber casos que llamen la atención) sería ahora redefinido.  Una persona natural podría declararse insolvente ante una serie de imprevistos clásicamente tipificados por el congresista Delgado, lo que llevaría a un proceso de cinco años durante los cuales no se le podría embargar.

Como de costumbre ante estos proyectos trasnochados, el perjudicado será el cliente de menor ingreso.  Esta iniciativa haría que el costo de brindar un préstamo sea mayor, porque las condiciones bajo las cuales se solucionaría una indeseable insolvencia serían impuestas con criterios arbitrariamente redactados y plazos inexplicables.  Como es lógico, esto se corrige en la tasa de interés.  Es decir, los créditos ahora serán más caros para todos –no solamente para los que luego terminen siendo insolventes–, porque el banco debe cubrirse para no perder dinero.  Después de todo, está prestando dinero de los ahorristas.